La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), llamo a toda la población a sumarse al LUNES AMARILLO por el 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación.
El coordinador general de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que si se tuviera en el país un efectivo sistema de control de los recursos del erario público, no estaríamos regateando un derecho establecido en la constitución de la república, que en su artículo 63 establece la obligación del estado dominicano de velar por la calidad en la educación, lo que para lograrse necesariamente se necesita de la voluntad del gobierno de hacer la inversión en ese sentido.
La Ley General de Educación Número 66-97, en su artículo 197 establece muy claramente que la asignación anual al capítulo educación debe ser de un 16 por ciento del gasto público total, o en su defecto, de un cuatro por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) proyectado para el año siguiente, estableciendo el que resultara superior de ambos montos, indicó el académico dedicado a luchar contra la corrupción.
Para la organización de la sociedad civil, los recursos que todos los años se van en las garras de la corrupción servirían exactamente para satisfacer la inversión en educación, lo que redundaría en favor del desarrollo de la nación y por vía de consecuencia reduciría considerablemente la delincuencia, la inseguridad, producto de la falta de oportunidad de de los jóvenes, que presionados no tienen otras alternativas que no sea la de delinquir, por ser el factor educación el elemento principal para lograr que una sociedad avance.
“El lunes amarillo establecerá un precedente de lucha digna a favor de un derecho fundamental, por lo que un solo dominicano no debe quedarse sin exhibir una prenda amarilla, color seleccionado para llamar la atención de las autoridades como ejemplo de exigencia pacífica y ordenada, por lo que llamamos a apoyar este reclamo hasta que sea modificado el presupuesto que reposa en el congreso nacional, a fin de que se incluya el aumento correspondiente al cuatro por ciento del PIB para educación”, dijo el vocero de la entidad no gubernamental.
El coordinador general de ADOCCO, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que si se tuviera en el país un efectivo sistema de control de los recursos del erario público, no estaríamos regateando un derecho establecido en la constitución de la república, que en su artículo 63 establece la obligación del estado dominicano de velar por la calidad en la educación, lo que para lograrse necesariamente se necesita de la voluntad del gobierno de hacer la inversión en ese sentido.
La Ley General de Educación Número 66-97, en su artículo 197 establece muy claramente que la asignación anual al capítulo educación debe ser de un 16 por ciento del gasto público total, o en su defecto, de un cuatro por ciento del Producto Bruto Interno (PIB) proyectado para el año siguiente, estableciendo el que resultara superior de ambos montos, indicó el académico dedicado a luchar contra la corrupción.
Para la organización de la sociedad civil, los recursos que todos los años se van en las garras de la corrupción servirían exactamente para satisfacer la inversión en educación, lo que redundaría en favor del desarrollo de la nación y por vía de consecuencia reduciría considerablemente la delincuencia, la inseguridad, producto de la falta de oportunidad de de los jóvenes, que presionados no tienen otras alternativas que no sea la de delinquir, por ser el factor educación el elemento principal para lograr que una sociedad avance.
“El lunes amarillo establecerá un precedente de lucha digna a favor de un derecho fundamental, por lo que un solo dominicano no debe quedarse sin exhibir una prenda amarilla, color seleccionado para llamar la atención de las autoridades como ejemplo de exigencia pacífica y ordenada, por lo que llamamos a apoyar este reclamo hasta que sea modificado el presupuesto que reposa en el congreso nacional, a fin de que se incluya el aumento correspondiente al cuatro por ciento del PIB para educación”, dijo el vocero de la entidad no gubernamental.
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