“Más de 4,000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021. Según la Procuraduría General de la República, hasta octubre la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales”, establece el informe.
De acuerdo al informe entre los problemas significativos de derechos humanos se incluyen asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte de la policía y otros agentes del gobierno.
Además de condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; injerencia arbitraria a la privacidad; difamación criminal de periodistas particulares; corrupción gubernamental grave; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
“Aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y el maltrato físico, existen informes de que miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo estas prácticas”, dice el informe.
Establece que el gobierno tomó medidas en algunos casos para procesar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero “la aplicación incoherente e ineficaz de la ley condujo en ocasiones a la impunidad”.
El informe
recoge el asesinato de los esposos, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz; la muerte de
Leslie Rosado y denuncia de tortura a joven en La Vega.
El informe está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3JycsAY
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