El presidente de la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (ASODECU), Felipe Herrera, calificó de trascendente e institucional la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que prohíbe definitivamente el cobro de impuestos a las mercancías adquiridas por Internet menores de 200 dólares, por haber vulnerado los derechos fundamentales relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad, en sentido amplio.
De acuerdo a Herrera, la decisión es un acto de responsabilidad de los jueces del tribunal, que una vez le dice a los administradores que deben sujetarse a la constitución y las leyes y le dicen al país, que la judicatura es verdaderamente el pilar sobre el que se sostienen el Estado de Derecho y la supremacía constitucional, la decisión del TSA acogió la acción de amparo incoada por ASODECU, la Fundación Justicia y Transparencia, FJT y otros accionantes, debido a que la Dirección General de Aduanas vulneró el derecho al debido proceso administrativo, que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad, en sentido amplio.
“El acto de la Dirección General de Aduanas hubiera sentado un precedente negativo, dado que un funcionario no puede atribuirse funciones al margen de la ley, desconociendo que el fenómeno del Internet es indetenible en el contexto de la globalización, que no puede ser frenado por medidas arbitrarias. De acuerdo a Herrera, la decisión es un acto de responsabilidad de los jueces del tribunal, que una vez le dice a los administradores que deben sujetarse a la constitución y las leyes y le dicen al país, que la judicatura es verdaderamente el pilar sobre el que se sostienen el Estado de Derecho y la supremacía constitucional, la decisión del TSA acogió la acción de amparo incoada por ASODECU, la Fundación Justicia y Transparencia, FJT y otros accionantes, debido a que la Dirección General de Aduanas vulneró el derecho al debido proceso administrativo, que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad, en sentido amplio.
En ese sentido, los empresarios tienen que olvidarse del paternalismo de un Estado que solamente les otorga facilidades, sobre todo en desmedro de las clases media y pobre y que la clase empresarial debe encontrar la forma de ser competitiva, apartarse de la especulación, dar precios justos y garantías, asumir el comercio electrónico, porque de lo contrario sufrirá las consecuencias de las desgravaciones arancelarias cuyos plazos se van cumpliendo aceleradamente, en el marco de una serie de acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país.
Las instituciones que hicieron causa común con la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ASODECU, en el amparo preventivo contra la DGA, entre las que se citan la Fundación Justicia y Transparencia, FJT y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico, agradecieron el apoyo y seguimiento de los medios de comunicación, al tiempo de saludar y ponderar la valentía y el arrojo de los jueces del Tribunal Superior Administrativo, que se erigieron en verdaderos protectores de los derechos fundamentales de dominicanos.
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